Así lo ha fijado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tras rechazar las enmiendas propuestas por otros grupos. De este modo, el proyecto de Estatuto de la Víctima del Delito, obligará a las mujeres que denuncien por violencia de género, si se demuestra que la denuncia fue falsa, a pagar las costas del procedimiento y devolver con un 50{07cd4b480206447a46cb04899a98c397aad6d07d3dd4163f491471b7ba2033a8} de interés las ayudas que hayan recibido como víctimas.

 

Así, el texto del artículo 35 reza: “quien se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protección reguladas en la Ley, vendrá obligada a reembolsar las cantidades recibidas en dicho concepto y al abono de los gastos causados a la Administración por sus actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por los servicios prestados, con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un 50{07cd4b480206447a46cb04899a98c397aad6d07d3dd4163f491471b7ba2033a8}».

 

Por el contrario, los grupos de la oposición han pedido la eliminación de este artículo, dada la dificultad probatoria en delitos de violencia de género, por el hecho de que tienen lugar en la esfera privada.

 

Este nuevo artículo probablemente tenga una muy mala acogida entre las víctimas de violencia de género, y es que este hecho pone entre la espada y la pared a la mujer, ya que si no consigue demostrar la acusación será penalizada y esto puede servirle como excusa para no acudir a la justicia aunque lo necesite.

 

Esta medida sin duda evidencia el desconocimiento de la dura realidad a la que se enfrentan estas mujeres.