El crimen del pequeño Jordi este pasado fin de semana en Sueca (Valencia), ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la protección de los más pequeños en contextos de maltrato machista.

El Ministerio de Igualdad considera que se tendría que haber protegido mejor a este menor y que la justicia aún no ha hecho todos los pasos para revisar las visitas de padres maltratadores condenados, prohibidas por Ley desde septiembre de 2021.

La violencia vicaria ha acabado con la vida de 47 menores desde 2013. Esta realidad llevó a un relevante cambio legal en 2021 para proteger a los niños de la violencia de género, pero no termina de aplicarse de forma adecuada.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se señala que la ley contra la violencia de género de 2004 estableció la conexión del procedimiento civil de divorcio y el penal cuando existe violencia de género. No obstante, “deberían establecerse alertas entre los Juzgados para avisarse de estos casos, no exigir a las partes que informen al juzgado”, indican fuentes de la Delegación.

La magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de Castilla-La Mancha, Cira García, indica que los juzgados de violencia sobre la mujer tienen competencia para la causa penal y todos los procedimientos de familia derivados, pero que hay problemas cuando se trata de procedimientos de familia iniciados con anterioridad a una denuncia por violencia de género.

La ley obliga a que el juzgado de familia que tenga conocimiento de esta situación lo remita al juzgado de violencia sobre la mujer, pero en ocasiones puede suceder que lo desconozca, bien porque ninguna de las partes lo han comunicado o bien porque el Juzgado no hace ninguna consulta en los registros informáticos a fin de descartar que no existen actuaciones penales.

Por su parte, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró (Barcelona), Lucía Avilés, reconoce que no existe un cruce de datos judicial.

Asimismo, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, añade: «Lo que hemos pedido siempre es que los datos de las mujeres víctimas y sus hijos se compartan en tiempo real entre las instituciones competentes en materia de violencia de género, ya sean órganos judiciales o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es absolutamente imprescindible que exista esa coordinación informática de los juzgados de familia y de violencia sobre la mujer para que, a través de un sistema de alertas, de alarmas o de consultas, esa información llegue en tiempo real a los órganos judiciales competentes.

Este despacho está completamente de acuerdo en las manifestaciones hechas por las distintas magistradas que se han pronunciado sobre esta problemática de coordinación entre Juzgados Penales y los de Familia. De esta forma, se podría cooperar de una forma mucho más ágil y rápida en los casos de violencia machista y dar una cobertura legal más eficaz a las víctimas que la sufren.