El Gobierno central está estudiando las fórmulas para que la violencia económica, y especialmente el impago de las pensiones, sea tipificada como una modalidad de violencia de género en el Código Penal.

La magistrada Lucía Avilés, titular del Juzgado nº 2 de Mataró, expuso de forma razonada esta solicitud al Ejecutivo, basando su exposición al Gobierno español en una sentencia dictada a raíz de un impago de pensión alimenticia en un procedimiento de mutuo acuerdo, donde había habido violencia machista.

En general, la violencia económica es una modalidad de violencia que subyuga la víctima y le causa una relación de dependencia, que incluso puede llegar a dificultarle de huir de su propio maltratador.

Por su lado, los ministros de Justicia, Igualdad e Interior señalan también que la ley orgánica contra la Violencia de Género del 2004 debe ser actualizada y adaptada a las nuevas formas de violencia que se ejercitan contra las mujeres. Asimismo, subrayan que el Convenio de Estambul (incluido en el marco europeo de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres), ya incluye expresamente la violencia económica.

La Vanguardia.