La pequeña Anna nació hace siete años en una casa particular de Agadir (Marruecos) durante el viaje que hacía su madre, Mayi, desde Camerún y que tenía Europa como destino final. En mayo de 2018, ambas consiguieron entrar en una patera en territorio español e instalarse en España. Desde entonces, la menor ha vivido sin documentación oficial y sin nacionalidad de ningún país. No es camerunesa como su madre, tampoco marroquí, y las autoridades españolas no ofrecían ninguna solución a su situación de apátrida.

Sin certificado de nacimiento, libro de familia o atribución de nacionalidad, la niña no existía para ningún Estado. Todos sus intentos fracasaron ante la negativa de las autoridades, que le impidieron empadronarse en San Sebastián, donde ambas tienen su residencia. Como tampoco podía acreditar su identidad porque no tenía pasaporte, también se le denegó el permiso de residencia. Sin identidad, a la pequeña no se le permitía empadronarse ni, por tanto, tener acceso a la sanidad pública o escolarizarse con normalidad, entre otros perjuicios personales. La madre decidió finalmente acudir a la justicia para denunciar la situación de apátrida de origen de su niña y pedir la nacionalidad española.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha resuelto ahora que se han vulnerado los derechos fundamentales de Anna y obliga al Estado a repararle el daño causado concediéndole la nacionalidad española. Es la primera vez que se reconoce este derecho a una persona nacida durante el tránsito migratorio a España.